En primera persona

Un hijo para evitar el sexto aborto

Aroa no ha vuelto a trabajar desde que fue madre con 17 años, pero no se arrepiente

“Me planteé abortar, pero me daba miedo porque ya había interrumpido voluntariamente cinco embarazos anteriores. El último había sido recientemente y temía volver a pasar por el quirófano”, apunta Aroa Montano, que dejó de estudiar en segundo de la ESO para comenzar un curso de peluquería.

A sus 17 años, esa gestación le lanzó a la dependencia económica de su pareja, con la que mantenía una relación estable y tóxica. “Llevaba cinco meses trabajando en un salón de belleza y me despidieron cuando me quedé embarazada”. Asegura que ser madre joven ha precarizado su vida laboral. Un año después de dar a luz, tuvo a su segundo hijo y el tercero nació hace cinco años. “En las entrevistas laborales me preguntan si tengo hijos y cuando les digo que sí, que tengo tres, me responden que me llamarán. Y todavía estoy esperando a que suene el teléfono”, apunta.

Según su relato, ninguno de los embarazos fue planificado, asegura que su pareja le obligaba a mantener tener relaciones sexuales. Así continuaron con una convivencia que terminó hace cuatro años. “Desde entonces, nunca me ha apoyado. Me dijo que quería renunciar a los niños. Por un lado, es un alivio porque no les ve. Por otro, no me vendría mal que me ayudase económicamente”, reseña.

A pesar de que tras el primer parto no ha vuelto a firmar un contrato de trabajo, no se arrepiente de haber sido madre joven. Sin embargo, sí que incide en que le gustaría haber esperado más y sobre todo haberlos tenido “con otra persona”. Ante el primer embarazo, no solo el mercado laboral le dio la espalda, su familia también se apartó. “Pusieron el grito en el cielo, mi madre fue la que me obligó a abortar por primera vez. Así que me tuve que ir a vivir a casa de mi suegra y fue un infierno porque era la única paya. Me alejé de mi entorno, me quedé sin mis amigas”, recuerda.

Aroa ha rehecho su vida junto a Laura, residen junto con los niños en un piso ocupado el municipio madrileño de Móstoles, y el sueldo de su nueva pareja es el único ingreso que recibe la familia. Así, pagar el alquiler de una vivienda se convierte en un imposible con los 400 euros que gana mensualmente. Esta precaria situación les ha empujado a su segunda orden de desahucio, ya tuvieron que abandonar un piso de un banco hace dos años. “Los servicios sociales no me conceden ninguna ayuda para mis niños, no me dan ni la renta mínima de inserción (RMI)”, finaliza.

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